Podemos situar en octubre de 2002  el comienzo de la fallida iniciativa denominada “Alto del Cuco”, con la aprobación inicial del Plan Parcial promovido por Fadesa Inmobiliaria cuyo objetivo era el desarrollo de una promoción de casi 400 viviendas  conforme a las previsiones urbanísticas del Plan General de Piélagos. Este acuerdo se ratifica en diciembre de 2003 con la aprobación provisional y la remisión del Plan a la CROTU, tras la preceptiva resolución, favorable con condiciones, de Estimación de Impacto Ambiental.

En febrero de 2004 se produce el informe de la CROTU, que resulta desfavorable, pero la legislación urbanística de Cantabria otorga a ese informe un carácter no vinculante por tratarse de un municipio de más de 2.500 habitantes y finalmente el Ayuntamiento aprueba definitivamente el Plan Parcial en sesión plenaria de 23 de marzo de 2004. La judicialización de esta iniciativa es inmediata, con la interposición ese mismo año de sendos recursos contencioso-administrativos por parte de la asociación ecologista ARCA y del Gobierno de Cantabria.

Las primeras sentencias llegan en 2007, lo que provoca la paralizaron total de la obra en el que probablemente fuera el peor momento por la agresividad visual que presentaba el conjunto. Se había ya realizado la importantísima excavación y una parte de la edificación estaba casi concluida, sin embargo no habían aparecido aún los elementos correctores que humanizan el escenario, como coberturas vegetales o elementos de ajardinamiento.

La contestada intervención adquirió una extraordinaria repercusión en la opinión pública, que trascendió de nuestra comunidad y  alcanzó a los medios de comunicación nacionales. El Alto del Cuco acabó convertido en uno de los ejemplos arquetípicos de una época de excesos urbanísticos.

Los desmontes realizados en la ladera produjeron tal alteración de sus valores geomorfológicos, ecológicos y paisajísticos que su recuperabilidad sólo era posible mediante una intervención antrópica, desde una perspectiva de “land reclamation”, enfocada en labores de reparación del espacio degradado para ayudar en lo posible a la recuperación de sus características iniciales. Resulta fácil imaginar que la principal dificultad estribaba en  situar tal actuación en un escenario de viabilidad, ya que una excesiva  cuantía económica de la intervención necesaria -demolición de lo ejecutado, posterior reconstrucción topográfica de la ladera, y finalmente, regeneración ambiental y paisajística de la misma- supondría un obstáculo que sencillamente haría inalcanzable el escenario de regeneración que la sentencia exigía. Los objetivos ambientales y paisajísticos debían lograrse mediante criterios de viabilidad técnica y económica, que se tradujesen en un coste socialmente asumible, requisito  imprescindible de posibilidad y de éxito. 

La primera fase de obra, que concluyó en febrero de 2017, consistió en la demolición completa de los edificios y de los elementos de urbanización incompatibles con la posterior fase de regeneración topográfica y ambiental. Para ello, se  instalaron dos plantas móviles para la valorización del residuo pétreo generado en la demolición, lo que permitió su completa reutilización en la propia obra como rellenos en las capas inferiores de la nueva topografía de resultado.

La segunda fase comenzó en 2018 y abordó la regeneración morfológica,  ambiental y paisajística del ámbito.

La solución radical de restauración del volumen preoperacional, con la restitución de los aproximadamente seiscientos mil (¡!) metros cúbicos excavados, se presentaba como insostenible por su elevadísimo coste. En efecto, la regeneración topográfica no debía abordarse  reponiendo el volumen inicial sino configurando una superficie naturalizada al servicio de los objetivos medioambientales, con un estricto criterio de eficiencia y optimización de recursos. El trabajo de análisis iterativo desembocó en la solución finalmente adoptada, que concilia la obtención de una morfología naturalizada de la ladera  con un coste económico viable: La recomposición topográfica pudo resolverse con un balance de tierras prácticamente equilibrado, clave de la viabilidad económica de la actuación.

Por último, se acometió la regeneración ambiental del ámbito a través de dos actuaciones: en primer lugar, una restauración edafológica mediante enmiendas orgánicas y adición de tierra vegetal para propiciar unas condiciones mínimas; en segundo lugar, una revegetación a base de hidrosiembras y plantaciones, principalmente arbustivas, seleccionadas según un criterio general de idoneidad en terrenos de baja o muy baja calidad, dispuestas de manera extensiva para competir con las especies invasoras presentes en la zona.

En lugar de un proyecto y una obra de ingeniería con fecha de inicio y final, el Alto del Cuco se ha convertido en un reto ilusionante, muy diferente de las obras convencionales.  Se ha enfocado como una estrategia de intervención, con el objetivo de devolver la ladera a unas condiciones físicas que propicien la evolución natural de este hábitat. Se presenta ahora la oportunidad de completar este trabajo con una estrategia de colaboración, a través del pertinente seguimiento ambiental por la Administración y con deseables actuaciones de voluntariado. 

Magdalena Pi & Roberto Morado

ICCP’s, autores del Proyecto y Directores de las obras.

(*) Tribuna publicada en El Diario Montañés el 24 de agosto de 2020