En agosto de 2017 se formalizó la adjudicación a UTE PIÉLAGOS del contrato de asistencia técnica para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

La UTE está compuesta por Luis Saiz González, Roberto Morado García, Magdalena Pi Martínez y Emilio Carreño García.

El equipo director lo forman Luis Climent Soto, Luis Saiz González y Roberto Morado García.

El PGOU se vertebra a partir de las siguientes ideas principales:

• Respeto al principio de desarrollo sostenible; éste surge de la política ambiental y trata de conciliar el respeto por el medio ambiente con el desarrollo económico; supone una clara ruptura frente al modelo del Plan General de Piélagos del año 1993 y frente al principio del suelo urbanizable residual que consagro la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones. Se promueve un desarrollo urbanístico basado en una ocupación del territorio eficiente y sostenible, optimizando el consumo de recursos con un modelo urbano equilibrado, cohesionado y respetuoso con el paisaje.

• Respeto al medio ambiente; esta cuestión trascendental en la actualidad, supone que no sólo el Plan General ha superado los Informes de Impacto territorial e Informe de Sostenibilidad Ambiental mas es preceptivo como manifestaciones administrativas del derecho constitucional (artículo 45) al Medio Ambiente. El patrimonio natural de Piélagos supone uno de sus mayores activos. El modelo de crecimiento concentrado propuesto nos permite proteger una gran parte del suelo del municipio impidiendo su transformación urbanística y garantizando, así, no sólo una mayor calidad ambiental y paisajística, sino también la preservación del medio ambiente y la diversidad ecológica.

• Adecuar el modelo municipal de crecimiento al Plan de Ordenación del Litoral y al PORN de Liencres.

• Equilibrar  los crecimientos entre la zona norte y sur del municipio.

• Consolidar y potenciar los núcleos existentes, buscando asentamientos más compactos que preserven el territorio de su ocupación masiva, lo que proporciona una mayor sostenibilidad ambiental y económica. Este criterio es compatible con el respeto a las formas tradicionales de ocupación del territorio, entre las que no se encuentra la vivienda unifamiliar dispersa no vinculada a la actividad agropecuaria.

• Contribuir a resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y productivo del municipio, garantizando el acceso a la vivienda protegida, regulando, delimitando u orientando, según los casos, las zonas de crecimiento y los procesos de rehabilitación y renovación urbana.

• Mejorar el balance entre oferta y demanda de empleo. El municipio no debe renunciar a un cierto equilibrio entre la oferta laboral generada dentro del mismo y el empleo de la población residente, de modo que pueda reducirse el número de desplazamientos residencia-trabajo que deben efectuarse a través medios de transporte motorizado.

• Finalmente, conseguir un urbanismo inclusivo, incorporando una perspectiva de género que contribuya a resignificar el espacio urbano y ayude a detectar y resolver necesidades diversas como diversas son las personas que lo habitan, fortaleciendo las redes de cohesión social que constituyen los equipamientos, servicios y espacios libres de proximidad, las infraestructuras y la mejora de la movilidad no motorizada.